… Si Cuba es un país eminentemente agrícola, si su población es en gran parte campesina, si la ciudad depende del campo, si el campo hizo la independencia, si la grandeza y la prosperidad de nuestra nación depende de un campesinado saludable y vigoroso que ame y sepa cultivar la tierra, de un Estado que la
proteja y lo oriente, ¿cómo es posible que continúe este estado de cosas?... Fidel Castro Ruz

Esta pregunta, que muchos campesinos se hacen diariamente, cumplirá el próximo 16 de octubre 55 años de formulada, por el entonces líder de un movimiento clandestino, Fidel Castro en su alegato personal ante el tribunal que lo juzgaba por su participación tres meses antes en el asalto al cuartel Moncada.

Pocos años más tarde, el 17 de Mayo de 1959, en un asentamiento de la  Sierra Maestra conocido como La Plata,  fue firmada por Fidel Castro la 1ra. Ley de Reforma Agraria, que permitió eliminar la gran propiedad latifundista, limitando a 30 caballerías la posesión de tierra. Con esta medida el 40 % de las tierras cultivables quedó en manos del Estado, pero más tarde,  en el año 1963, mediante  la 2da. Ley de Reforma Agraria se fija en 5 caballerías el máximo de tierra permisible para los propietarios privados, lo que aumentó considerablemente el latifundio estatal, que persiste hasta nuestros días.

En Cuba la situación económica, por no mencionar la política, no parece encontrar el verdadero cause que lleve a la satisfacción y el bienestar de las familias cubanas. Uno de los desafíos más importantes a que se enfrenta el Gobierno cubano y que en 50 años no  ha podido resolver  es la eliminación del hambre y el establecimiento de las mínimas condiciones de seguridad alimentaria para su pueblo.

El crecimiento económico es de vital importancia para poder garantizar una verdadera disponibilidad de alimentos y detener el nivel de pobreza que se ha venido acentuando en la mayoría de los hogares cubanos. Lamentablemente, y por todos es conocido,  que para poder hablar de disponibilidad de alimentos y seguridad alimentaria es necesario tener en cuenta ciertos factores políticos y económicos, como la libertad de empresa, una eficiente gestión de gobierno, la existencia de una verdadera democracia y de un Estado de Derecho, aspectos que están  ausentes de nuestro país.

A pesar del reciente levantamiento de las sanciones de la Unión Europea (UE) a Cuba, no se ha renovado ningún acuerdo de cooperación con ella. En el año 2000 Cuba fue admitida en el grupo de países África – Caribe – Pacifico (ACP), aunque no firmara el Acuerdo de Cotonú. Desde Octubre de 2001 la Isla es miembro de CARIFORUM y ha firmado con el CARICOM un acuerdo de libre comercio de “alcance parcial”. Desde el año 1993, la Comisión ha financiado medidas de ayuda por valor de 145 millones de Euros. En agosto de 2003, Cuba rechazó toda ayuda bilateral proveniente de los Estados Miembros de la UE y de la Comisión Europea. Nuestro Gobierno sólo acepta la ayuda indirecta canalizada a través de organismos no gubernamentales, fundaciones, organismos de la ONU y autoridades regionales y locales, ejemplos de ellas son las siguientes:

Sant Just Solidari. Esta organización Catalana, sostiene un intercambio permanente con la Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA) a través de la Asociación Catalana por la Paz, y financia un proyecto en el Coto de Reserva Genética “La Guira”, en áreas de la Empresa Pecuaria Genética “Camilo Cienfuegos” en Pinar del Río, con una duración de 4 años y un presupuesto de 12 549,45 cuc.

El proyecto “Apoyo a la producción de alimentos con el mejoramiento de las capacidades de autogestión económica y ambiental en cooperativas ganaderas afectadas por la desertificación y la sequía de la provincia Granma” se implementa por la ACPA con la cooperación de la organización ACSUR -Las Segovias y el financiamiento de la Junta de Comunidades de Castilla, La Mancha. EL presupuesto es de 320 980, 46 euros y la duración de dos años.

El proyecto “Transformación y diversificación productiva de la UBPC cañera “Guamo viejo”, de Granma se implementa por la ACPA con la cooperación de la organización ACSUR Las Segovias y el financiamiento de la región autónoma de Murcia, Diputación Foral de Bizkaia. Su presupuesto de 227 379,34 euros. Y la duración de dos años.

El Proyecto “Mitigación de los efectos de la sequía en cooperativas agropecuarias de dos provincias nororientales”, Las Tunas y Camagüey con la cooperación de la Fundación Paz y Tercer Mundo, y el financiamiento del Gobierno vasco y un presupuesto de 185 333,4 euros para ejecutarlos en dos años.

El proyecto “Fortalecimiento de sistemas familiares de producción donde se integran el manejo de las especies menores, la producción frutícola y maderable, compatibles con el medio ambiente en la región del Caribe”, comienza con la colaboración y financiamiento de la Asociación Catalana pro la Paz y un presupuesto de 147 700,00 cuc a ejecutarse en dos años, donde junto a República Dominicana y Haití, nuestro país también se beneficiará.

Estos datos tomados de una revista especializada de la (ACPA) del año 2007, nos muestran claramente que a pesar de todas esas iniciativas y proyectos, el problema del déficit alimentario y de las tierras ociosas sigue latente. El problema es que estas organizaciones internacionales interactúan con entidades estatales cubanas, que fungen como entidades cooperativas, pero arrastran los mismos males e ineficiencias de las empresas estatales.

El pasado 17 de mayo,  una coalición de organizaciones rurales solicitó al gobierno de Raúl Castro, que ponga en práctica una verdadera reestructuración agraria, que se identifique con las aspiraciones del hombre del campo y de la sociedad en general. Reclamando la inmediata restauración del Mercado Libre Campesino y la devolución de las tierras a todos los obreros agrícolas o sus descendientes que se encuentren actualmente laborando en Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), así como a otros campesinos sin tierras.

Quizás en respuesta al documento entregado en el Consejo de Estado, el pasado 10 de junio de 2008 se implementa el Decreto-Ley No.259 sobre la entrega de tierras ociosas en usufructo. Tal vez con la intención de frenar la crítica situación de los alimentos en el país y revertir definitivamente la tendencia al decrecimiento del área de tierra cultivada, que entre 1998 y 2007, en sólo 9 años, disminuyó en un 33%, según palabras del propio Raúl Castro, pero la situación no se resolverá, pues una vez más no van al meollo del problema: el libre mercado y el reconocimiento y apoyo por parte del Estado a la iniciativa privada.

En días recientes, mediante un sondeo de opinión, en una comunidad campesina en el Cujabo, en la periferia de la ciudad de Santiago de Cuba se pudieron escuchar algunos criterios, que si reflejan la verdadera realidad del campesino cubano.

“Por mucho que nuestro propósito sea el de igualar  la finca “La Inesita” * –dice Juan José, un campesino de más de 50 años- la realidad es que no podemos, hay mucha ineficiencia en la burocracia estatal, a veces vamos a comprar los alimentos para los animales y no hay el producto, tenemos que regresar vacio y abonar el flete. Todo esto eleva el costo, que luego no se tiene en cuenta a la hora de la venta al Estado que tiene un precio fijo por tonelada de carne entregada”.

Pedro, un guajiro de la zona dice: “A pesar de que hoy en día una vaca puede llegar a valer hasta 2000 pesos cubanos, la mayoría de nosotros no nos animamos al desarrollo ganadero, pues la posibilidad de que te roben las vacas  es muy alta y las consecuencias son tan duras que es preferible no hacerlo. Te pueden poner multas hasta de 1500 pesos por cada vaca que se te pierda, si el robo es consuetudinario se te puede aplicar la venta forzosa al Estado o verte implicado en un proceso judicial.

“Si tomamos en cuenta que en ocasiones,  como ahora, que nos vendieron unos machetes  a 100 pesos cada uno, cuántos litros de leche debo de vender para más o menos suplir en algo el dinero invertido en la compara del machete, -argumento Jorge, un pequeño ganadero del lugar y agregó- la resolución 152/2007 el Ministerio de Finanzas y Precios estableció mediante el nuevo sistema de pago para la leche su calidad, que oscila entre los 1.25 y  2.40 y pesos por litro, moneda nacional”.

José “el mecánico” como todos le conocen, dice que uno de los grandes problemas del campesinado cubano es que no le venden maquinarias agrícolas. “La venta de tractores solo está autorizada a las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) y a las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC). Hay cooperativas de estas que poseen hasta 7 tractores, pero en realidad no tienen ningunos, pues  cuando los necesitan no tienen gomas o combustible, algo que también es cierto”.

Los campesinos de la zona también abordaron el tema de los seguros sobre la cosecha, catalogándolos de una estafa, pues alegan que solo aseguran aquellos productos de poco riesgo y fácil comercialización, pero cuando se trata del mango o la guayaba la cosa es diferente, se pierden y no hay quien responda por eso. Cuando se trata de vender fuera del control estatal, vendedor y comprador enfrentan las consecuencias legales.

Una anciana, hastiada por la impunidad de los robos dice: “Una de las cosas que ayudaría a proteger el ganado sería que les permitieran a los hijos de los pocos campesinos que quedan con licencia de cazadores y que poseen escopetas, que las pudieran heredar y utilizar, ya que casi todos estos campesinos superan los 50 años de edad”

Muchos fueron los  planteamientos, pero los más críticos se referían al recientemente aprobado Decreto-Ley No.259 sobre la entrega de tierras ociosas en usufructo. Alguien  señaló, que esto es más de lo mismo, el Gobierno prioriza para la oferta de la tierra en usufructo a las cooperativas estatales, entidades que ya tienen extensas áreas ociosas, mientras a los campesinos se les ponen disímiles trabas burocráticas y condiciones que han sido históricamente  las principales causas que frena su capacidad productiva, como la imposición de cultivos y la regulación estatal del mercado.

A los campesinos parece que les ha interesado muy poco la promulgación de la nueva ley, no ven que con ella cambie su dura realidad, las mismas dificultades para conseguir los recursos con que lograr una pobre producción agropecuaria y garantizar un mínimo nivel de subsistencia, seguirá reinando en los campos cubanos.

La nueva ley no contempla los financiamientos, lo que abre una gran interrogante, cómo podrán subsistir aquellas personas que les puedan otorgar algunas tierras, mientras los cultivos entran en producción, muchos de ciclos largos, como el café.

Muchos campesinos, que ya han perdido su confianza en el gobierno, cifran sus esperanzas  en que en un futuro los campesinos privados sean incluidos en los convenios  de Naciones Unidas, privilegio que hoy solo gozan los campesinos del sector estatal. Obra Social Caja Granada, aportará 90.000 euros (equivalentes a 130.000 CUC) mediante el cual más de 11.000 agricultores en entidades estado de las provincias de Las Tunas y Holguín recibirán microcréditos.

Al estado administrar dichos créditos, ya sabemos cuáles serán los resultados, por eso es urgente la necesidad de demandar un cambio en la política hacia el sector agrario privado en Cuba, por parte de los organismos internacionales. Razón por la cual las organizaciones integrantes del “Proyecto Cívico Rural Cubano” pidieron en su momento que se les incluyera, bajo los beneficios de los acuerdos de venta de productos e insumos agrícolas, que hoy disfruta el Gobierno cubano de parte de los Estados Unidos.

La crisis mundial de los alimentos, pone de manifiesto que deben implementarse nuevas iniciativas, como resaltó Edward Schafer, secretario de Agricultura de EE.UU. en Conferencia sobre Seguridad Alimentaría y Cuba no puede ser la excepción. Por tanto, es válido que se pongan en marcha a través del sector agropecuario privado - el único eficientemente comprobado - la ayuda prometida en el foro, incluida la de Estados Unidos, para producir alimentos.