Fondos para qué y para quiénes.

Víctor E Sánchez
Periodista Independiente
victorernestosanchez@ymail.com

Santiago de Cuba, 22 de junio - (www.aplopress.com) En un reporte publicado por el periódico Granma el pasado 9 de junio, titulado: “EE.UU. libera fondos para subversión en Cuba” se dio a conocer que el Departamento de Estado y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) liberaron 15 millones de dólares destinados a programas que buscan fortalecer la democracia en Cuba.

Los fondos que deberán distribuirse en los próximos meses han sido objeto de cuestionamientos por muchos opositores, que se preguntan: ¿para qué y a quiénes serán asignados? Si los fondos siguen siendo utilizados para los mismos proyectos y administrados por las mismas personas, el Gobierno cubano  no tiene de qué preocuparse. El resultado será el mismo que hasta ahora, y el fracaso ya está asegurado. Esos fondos, no tendrán impacto positivo alguno, en este tedioso proceso de democratizar a Cuba.

Las Agencias norteamericanas llevan más de 10 años asignando fondos, a organizaciones radicadas en el exterior, para proyectos relacionados con la transición democrática en Cuba. Sin embargo, los resultados han sido insignificantes, si se tienen en cuentas los montos otorgados.

Si el Gobierno cubano tiene el país sometido a un inmovilismo político, la oposición, tanto interna como externa no se queda atrás. Incluso, es como si el espíritu del totalitarismo se hubiese encarnado en todos. Cada cual se cree dueño de la verdad absoluta y del proyecto adecuado. Eso hace que los fondos lleguen a determinadas personas y a determinados proyectos, muy reducidos por cierto. Y  lo peor es que no hay seguimiento ni resultados medibles, por los que se tengan que rendir cuentas.

El trabajo y los métodos de la oposición en el contexto de una sociedad totalitaria tienen sus propias peculiaridades. Las estrategias y metas deben ser trazadas por aquellas personas que tengan experiencias directas de este tipo de sociedades. Ese ha sido el fundamental error que se ha cometido en el otorgamiento de los fondos: la falta de percepción de qué realmente se necesita y que se debe hacer, pues el criterio que prevalece es el de personas que viven en sociedades democráticas, que ni siquiera están al tanto de la dinámica de la lucha y se siguen patrocinando proyectos, que ya perdieron su impacto coyuntural.

La única fórmula efectiva para aprobar proyectos es mediante la licitación. Sin embargo, la licitación exige que los que compiten tengan la oportunidad de defender sus proyectos, junto a todos los proponentes. En este contexto, se impone que los proyectos, aunque por razones lógicas se elaboren en el exterior, sean discutidos por las organizaciones recipientes o ejecutantes en Cuba, con un representante de la Agencia norteamericana proveedora de los fondos, que pudiera ser en la Sección de Intereses de los Estados Unidos en la Habana.

El desconocimiento de cómo implementar mecanismos efectivos para acelerar la democratización de Cuba ha llevado a cometer errores y gastos innecesarios de los fondos.  El poder de convocatoria y la capacidad movilizativa que le falta a la oposición se ha tratado de alcanzar mediante la entrega de productos y medicamentos, o sea, una especie de clientelismo totalmente disfuncional. La percepción del rol que juegan los equipos de trabajo y soporte para documentar las violaciones los derechos humanos como las computadoras, cámaras fotográficas, grabadoras, copiadoras, impresoras, etc. debe valorarse con severidad. La mayoría de esos equipos terminan en manos de los órganos de la Seguridad del Estado y otras veces son dejados a familiares que no se vinculan a la oposición o son vendidos en el mercado negro para financiar los gastos de la salida del país, por aquellos que se acogen al programa de refugiados.

Si alguien duda de estas aseveraciones, los invito a realizar un inventario de los medios básicos otorgados por estos programas desde su implementación y comprobar cuántos están en funciones de la oposición y la sociedad civil actualmente.

La falta de reconocimiento legal, con su correspondiente personería jurídica, impide las auditorias de las organizaciones, que garantice el uso correcto de los recursos asignados. Además, el gobierno considera ilegal todos los medios y equipos otorgados por instituciones que no sean de su beneplácito, lo que permite las confiscaciones de los mismos cuando así lo considera.

Una de las características de los regímenes totalitarios es el control de los recursos para impedir la actividad política en su contra. Las consecuencias son tan graves, que los ciudadanos, aun aquellos que disponen de medios económicos, se abstienen de aportar fondos para la causa. Esto obliga a la dependencia de fondos externos, incluso de Agencias extranjeras.

La necesidad de fondos y la imposibilidad de un adecuado control y uso de los mismos, pareciera situarnos en un callejón sin salida. Esta situación implica que deben tomarse una serie de medidas que permitan que las cosas se comporten de una forma diferente. La primera medida sería cambiar las normas de los acuerdos migratorios. El status de refugiado político solo debe otorgarse a las personas que hayan cumplido sanciones por motivos políticos.

La oposición debe organizarse institucionalmente, definir sus perfiles para que cada agrupación juegue su papel: los partidos políticos, hacer política bajo un programa de interés ciudadano y las organizaciones de la sociedad civil, cumplir lo estipulado internacionalmente, para poder representar la sociedad en su diversidad. Con esta estructura, se puede corresponder mejor con los propósitos de los recursos asignados, que deben ser fundamentalmente en dinero en efectivo, para pagar los bienes y servicios que realmente se necesitan y son más difíciles, casi imposibles de impedir por el gobierno.

La estructura que mejor puede vincular a la oposición con la comunidad es la de los Municipios de Oposición. Los municipios por definición son la representación política que nace y se sustenta de la inquietud social. Por su carácter de gobernabilidad democrática cuentan con los mecanismos para controlar y manejar los recursos con la transparencia necesaria.  Ya se decía: “No es que todos los hombres sean honrados, sino que existan los mecanismos para que todos los hombres se comporten honradamente”.

Los municipios por ser la forma de administración pública concebida y aplicada a nivel internacional, exige desde ya, la preparación de cuadros bien capacitados para el ejercicio democrático. Una trayectoria de servicio que pueda ser identificada por la población, les daría las posibilidades reales de ganar ante una posible campaña electoral amañada por el régimen, bajo las argucias del Socialismo del Siglo XXI.

Sin embargo, los proyecto que más se corresponden con las prioridades internacionales, como los relacionados con la gobernabilidad democrática, en nuestro caso los Municipios de Oposición, no han sido tomados en cuenta para recibir financiamientos.

El Proyecto de Desarrollo Cívico Rural Cubano, que agrupa las principales organizaciones de la sociedad civil rural ha presentado un sinnúmero de solicitudes, siendo reiteradamente denegadas, lo que demuestra que no es de interés de las Agencias norteamericanas.

Lo paradójico es que el Congreso norteamericano fue flexible, a la hora de venderle productos agrícolas y alimentos al Gobierno cubano y no se es capaz de apoyar a los campesinos independientes privados, para que produzcan sus propios cultivos. Ese bloqueo a los productores privados es que el debe ser levantado, primero por el Gobierno cubano y luego por el Gobierno norteamericano.  

El que tenga duda o alguna inquietud sobre lo que aquí se plantea puede contactar con Pedro Antonio Alonso Pérez, Director del Proyecto Cívico Rural Cubano, Promotor de los Municipios de Oposición y Fundador de la Alianza Nacional de Agricultores Independientes de Cuba en 1997 y aún se mantiene en la lucha sin abandonar el país. Teléfono Celular: 53 53 340 145