Ilegales en su propia tierra
Guillermo Espinosa Rodríguez
Periodista Independiente
gespinosa1966@Yahoo.es
Teléfono:
53-53736815
(Camión
con la mudanza de
Adrián Sánchez Ortega y familia en el Punto de Control con
destino a Santiago de Cuba)
Santiago de Cuba,
25
de marzo del 2011-(www.aplopress.com)
Adrián Sánchez Ortega y su familia están viviendo la odisea de estar
ilegales en su propia tierra, según las leyes cubanas. Desde finales
del año 2006, después de haber sido sancionado bajo la figura de
Indice de Peligrosidad Social Predelictiva a un año de prisión
domiciliaria y trabajo correccional en la entidad de “Servicios
Comunales” no ha podido radicarse en ningún lugar estable con su
familia.
Aunque
fue autorizado por el juez de ejecución a trasladarse a la capital,
acompañado de su esposa e hija para establecerse de manera
permanente en casa de su suegro, quien vive en Calle 3A # 6005 entre
60 y 62 - municipio Playa, Ciudad de la Habana, tuvo que realizar
todos los trámites oficiales, pero jamás se le otorgó el permiso
para residir de manera oficial en dicho hogar, mientras que a su
esposa e hija si le conceden el status legal, al igual que a su hija
menor Anet María Sánchez Guevara, quien nació el 14 de noviembre del
año 2006 en esa dirección.
Sin
embargo, el 23 de mayo del 2007 les llega una
orden de Emplazamiento
(Desalojo), porque según ellos, las autoridades
correspondientes nunca reconocieron su estancia legal en la Habana.
Después de dos juicios administrativos, fallan en su contra y la
Dirección Municipal de la Vivienda aprueba el desalojo el 9 de
julio del 2007 y es ratificado el 24 de diciembre de ese
mismo año, por la Dirección Provincial de la Vivienda. A pesar de
vivir en una propiedad familiar el 18 de septiembre del 2008
son desalojados por la
fuerza,
y acusados por daños a la propiedad por desmontar dos
tejas de fibrocemento propias.
A
partir de ese momento comenzaron como se dice a rodar, ya que no
tenían donde vivir y tampoco el Estado le daba donde ubicarse hasta
que lograron mudarse a una pequeña casa situada en calle 66 s/n
entre 23 y 25, Buena Vista, Reparto Marianao, Ciudad de la Habana.
El 9 de abril del año 2009
en horas de la mañana son sometidos a
un registro, su esposa es detenida y conducida junto
con su niña más pequeña a la 5ta unidad de la Policía Nacional
Revolucionaria de Playa, donde le fue impuesta una multada de 1500
pesos Moneda Nacional.
Dos
días después, el 11 de abril Adrián Sánchez Ortega fue citado a la
misma unidad de la policía y multado con 100.00 pesos por estar
alquilando una vivienda de manera ilegal. También se le dio un plazo
de 72 horas para abandonar ese domicilio. La única salida que se le
presentó fue trasladarse a un barrio marginal en Santa Fe en la
propia Ciudad de la Habana, pero la permanencia en este sitio sólo
duró 3 meses, el 30 de julio de ese mismo año 2009, en horas de la
tarde, una rastra acompañada por un carro patrullero de la policía
con dos oficiales, quienes los obligaron a montar sus pertenencias
en la rastra para ser deportados hacia Santiago de Cuba, su ciudad
de origen.
Al llegar a Santiago de Cuba, se ubicaron en un reducido espacio en
la casa de mi suegra. Allí comenzaron a realizar algunos arreglos
constructivos para mejorar las condiciones, fundamentalmente para
las dos niñas. Nuevamente la entidad de Vivienda del Poder Popular
lo acosa y los multa dos veces, inicialmente con 300.00 pesos y
luego con 400.00, sin darle la posibilidad de legalizar construcción
y la propiedad de la casa.
A consecuencia de esto, el pasado 27 de febrero del 2011 tuvo que
abandonar nuevamente esa casa y trasladarse con su familia a las
afueras de la ciudad de Santiago de Cuba donde se encuentran de
forma temporal, gracias a la generosidad de unas amistades.
Este proceder de las autoridades cubanas es una forma de de
prosecución política y de sus derechos contemplados en la Carta
Universal de los Derechos Humanos en la persona de Adrián Sánchez
Ortega, por lo que su caso será evaluado y presentado dentro de una
demanda del Municipio de Oposición de Santiago de Cuba a todas las
instancias del Gobierno cubano, por la violación del derecho de
todas las personas de vivir en cualquier parte de su país, sin
restricciones algunas.